Si el miércoles fue un día negro para la protección social en España, hoy lo es para la justicia. Se ha consumado el atropello de suspender de sus funciones al juez que intentó investigar los crímenes del franquismo. La mayoría derechista y ultraderechista del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial ha confirmado que tenía decidido desde el primer momento este castigo a Baltasar Garzón. Esa mayoría ha rechazado todas y cada una de las oportunidades que se le han presentado para actuar con sentido común, terminar con semejante disparate y cerrar el caso. Quería sangre y la ha obtenido.
Lo malo es que el bochorno no cae sólo sobre ellos y sobre el conjunto del poder judicial, sino sobre la democracia española. Ahora hasta en el extranjero van a a constatar que no es tan maravillosa como se ha venido pregonando acríticamente en los últimos treinta años. Tenemos una democracia manifiestamente mejorable.
La Transición estuvo bien, pero llegó tan sólo hasta donde podía llegar. El tiempo debería haber mejorado la calidad de lo conseguido entonces, pero no ha sido así. Más bien al contrario.
La descarada politización conservadora del poder judicial, el desmesurado peso político y mediático de la derecha extrema, una ley electoral inicua, las trabas para que se asuma el carácter federal del Estado, la sacralización de los aspectos más rancios de la Constitución cual si fueran versículos del Corán, la inutilidad del Senado, la corrupción municipal vinculada a la destrucción de nuestras costas y sierras, el clientelismo autonómico, etc, etc. son otras tantas pruebas de que este edificio necesita una profunda reforma.