Si usted o yo acusáramos a alguien importante de estar cometiendo un delito grave, no tardaríamos en dar con nuestros huesos en un juzgado. Lo primero que haría Su Señoría sería preguntarnos por qué, si teníamos constancia de la comisión de semejante fechoría, no presentamos la correspondiente denuncia en una comisaría o en un juzgado. Lo segundo, solicitarnos las pruebas que pudieran sustentar nuestra acusación. En caso de no poder hacer esto último, no nos podríamos acoger a la «excepción de la verdad» y con mucha probabilidad seríamos condenados por injurias y/o calumnias.
Ahora bien, el pasado verano, desde su «exilio» en un campo de golf de Marbella, María Dolores de Cospedal efectuó contra el Gobierno de España una de las acusaciones más graves que pueden formulársele al poder ejecutivo de un país democrático: la de espiar ilegalmente a sus opositores políticos. Por algo de este tipo tuvo que dimitir ni más ni menos que un presidente de Estados Unidos, Richard Nixon.
Aunque los periodistas se lo solicitaron, Cospedal ni presentó la correspondiente denuncia en una comisaría o un juzgado, ni aportó pruebas que sustentaran sus acusaciones. Se limitó a unas declaraciones genéricas sobre las filtraciones a la prensa de contenidos de sumarios instruidos por las autoridades judiciales en relación a casos de corrupción en los que están presuntamente implicados miembros del PP. Esto último es algo normal en nuestra democracia -en realidad en todas- y nada tiene que ver con un Gobierno Big Brother, sino más bien con una prensa espabilada.
Me sorprendió mucho en su día que ni los acusados (el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) ni el Ministerio Fiscal emprendieran acciones judiciales para restituir su honor, en el caso del primero, o, en el caso del segundo, darle la oportunidad a la señora Cospedal de probar acusaciones tan graves. Una de dos: o la señora Cospedal tenía razón, en cuyo caso una investigación en profundidad era urgente e inexcusable; o se limitaba a fantasear, en cuyo caso entraba directamente en el terreno de las posibles injurias y calumnias a la más alta institución del Estado elegida democráticamente.
¿Es que, en otra vuelta de tuerca en la pérdida del más elemental civismo en nuestra vida nacional, aquí se puede decir lo que se quiera, incluido el arrojar la sombra de la más abominable sospecha, sobre cualquiera? ¿Es ésta la lección que pretende dar a nuestros hijos esa señora que aspira a presidir la comunidad de Castilla-La Mancha y/o formar parte de un futuro Gobierno nacional? ¿O es que tal vez este derecho sólo está reservado a los políticos de derechas, y ello siempre y cuando los denigrados sean los socialistas, los sindicalistas, los de izquierdas, los progres, los titiriteros, los moros, los ecologistas, los homosexuales, los rojos, etc.?
Uno creía que en un país civilizado la libertad de expresión no ampara el ultraje, la mentira, la infamia y este tipo de lacras. Porque una cosa es discrepar políticamente del Gobierno, decir que hace mal o rematadamente mal tal o cual cosa, y otra, completamente distinta, es acusarle de uno de los mayores crímenes que puede cometer. Pero resulta que uno estaba muy equivocado: en España hay gente, un determinado tipo de gente, que tiene bula para soltar cualquier exabrupto que se le pase por la cabeza.
En estas tristes reflexiones estaba cuando la iniciativa de un grupo de ciudadanos de Murcia me ha devuelto una brizna de esperanza. Resulta que hay españoles, sólo un puñado, que no se resignan a que nuestro patria personajes como la señora Cospedal, por poderosos que sean, puedan permitirse denigrar con total impunidad al Gobierno democráticamente elegido. Con su iniciativa, este puñado de militantes y simpatizantes socialistas han devuelto algo de dignidad a un PSOE y un Gobierno bochornosamente acobardados, un PSOE y un Gobierno que deberían haberse plantado en su momento frente a Cospedal, no ya en defensa propia, que también, sino en defensa de las instituciones democráticas y, sobre todo, en defensa de esas elementales normas de civismo (no mentirás, no calumniarás, no arrojarás falso testimonio…) que tantos padres españoles nos empeñamos en transmitir a nuestros hijos.
La iniciativa de estos ciudadanos ejemplares, a la que se van sumando otros a través de Facebook, permite a la señora Cospedal probar sus acusaciones, y si éstas son ciertas que caigan Rubalcaba, Zapatero o el Sursum Corda. Y si no, la justicia española debería demostrarnos que aquí no hay ciudadanos First Class y gente de a pie.