Carlos DeLuna no tenía nada que ver con el asesinato por el que fue ejecutado en Texas en 1989. Esta es la conclusión de cinco años de investigaciones de un equipo de la Columbia Law School dirigido por el profesor James Liebman. La noticia, que de nada le sirve a Carlos DeLuna pero vuelve a poner en cuestión esa atrocidad llamada pena de muerte, está siendo difundida esta semana en medios norteamericanos, entre otros Time y salon.com.
DeLuna pagó con su vida parecerse mucho al autor de un homicidio cometido en 1983: el mortal apuñalamiento de Wanda López en el atraco a una gasolinera de Corpus Christi. Pero aunque el verdadero autor del homicidio, un tal Carlos Hernández, fue detenido antes de la ejecución de DeLuna y confesó repetidamente su crimen, nada ni nadie impidieron que la justicia (es un sarcasmo llamarla así) texana diera marcha atrás.
Hablando en plata, DeLuna fue ejecutado por ser un hispano que se parecía al autor del crimen (la única prueba de la acusación fue un testigo ocular) y por ser pobre y no poderse pagar un buen abogado. El informe de la Columbia Law School que cuenta todo esto en detalle se llama Los Tocayos Carlos: An Anatomy of a Wrongful Execution.
Incluso para aquellos que no son conscientes de que la pena de muerte, amén de inefectiva como elemento disuasorio, degrada a una comunidad hasta situarla al nivel del asesino, la existencia de un solo error en su aplicación debiera ser suficiente para abolirla. Eso, supone, por supuesto, tener un mínimo de decencia moral.
La buena noticia es que la larga e intensa relación de amor entre Estados Unidos y la pena capital parece haber entrado en crisis. Citando un estudio del Death Penalty Information Center, CNN informa que en 2011 descendieron de modo significativo en todo el país tanto las condenas a muerte como las ejecuciones materializadas.
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