Pensaba que defender a Garzón era defender el poder judicial

Me equivocaba en ambos casos. Según la lógica de la derecha española, ese poder judicial ante el uno debe callar como ante el Dios del Sinaí es sólo el que se pronuncia en sentido conservador. O sea, no es que España sea un Estado de derecho, es que lo es de derechas, a ver si nos aclaramos.

Esta lógica de nuestra derecha es la del doble rasero permanente: yo me permito lo que no te consiento a ti. Vale para manifestarse patrimonializando los símbolos del Estado, bandera e himno. Vale para insultar, desprestigiar y calumniar. Y también vale, por supuesto, para la corrupción.

Aclarado esto, intento desbrozar algunos de los elementos que concurren en la persecución a la que se ve sometido el juez Garzón.

1.- El más llamativo es que, 35 años después de la muerte de Franco, la España democrática haya sido incapaz de dar una respuesta al hecho objetivo de que en sus cunetas yacen los cadáveres de más de 100.000 españoles asesinados sumariamente por los golpistas del 18 de julio, los cadáveres de padres y abuelos de españoles de hoy. No estamos hablando de juzgar a los responsables de aquellos crímenes, si es que queda alguno; estamos hablando de cerrar de las heridas de la Guerra Civil y esto es imposible si los muertos del bando de los perdedores siguen sin recibir reconocimiento y digna sepultura. Es muy inquietante que a nuestra derecha le cueste tanto asumir esto.

2.- La libertad de instrucción y la libertad de interpretación jurídica de los magistrados españoles ha sido puesta en cuestión por el juez Varela y sus socios del Tribunal Supremo al imputar a Garzón el delito de prevaricación. Lo que hizo Garzón fue, en base al derecho internacional suscrito por España y reconocido explícitamente en la Constitución, interpretar que el caso de las decenas de miles de desapariciones de la Guerra Civil y la posguerra se sitúa en el terreno de los delitos contra la humanidad. Como los de los nazis, las dictaduras chilena y argentina o los bárbaros de Milosevic. Estos delitos no prescriben ni pueden ser anulados por ninguna ley nacional de punto final o de amnistía. Si los tribunales superiores a Garzón discrepaban de esta interpretación, no tenían más que cerrar el caso abierto por ese magistrado, cosa que, por cierto, hizo la Audiencia Nacional. Imputar luego un delito de prevaricación, a instancias de una parte tan evidente como Falange Española, significa criminalizar cualquier interpretación jurídica que disienta de la del Tribunal Supremo. Gravísimo.

3.- Nuestra Administración de Justicia, desprestigiada ante los ciudadanos por lenta, ineficaz y clasista, está muy politizada y mayormente en un sentido conservador. A diferencia de lo ocurrido con el Ejército, por ella no ha pasado la transición democrática. Ni en el sentido organizativo y tecnológico, ni en el modo de acceso a la carrera, ni en el terreno de la neutralidad política. Dada la beligerancia del PP a la hora de los nombramientos, en las instancias superiores de esa Administración de Justicia la politización derechista es aún más notoria. En cuanto a que Divar haya sido propuesto para presidente del Supremo por Zapatero, eso sólo prueba la torpeza de este último en muchos de sus nombramientos. Y en cuanto a que Varela sea supuestamente progresista, eso sólo confirma que la derecha siempre puede encontrar compañeros de viaje (sobre los motivos de la actuación de Varela, mejor no hablar).